El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo el 13 de noviembre. EFE/J.J. Guillén
Rafael Martínez |
Madrid (EFE).- 2025 será recordado como el año en que el Tribunal Supremo, la cúpula judicial del país, condenó al fiscal general del Estado, máximo representante del Ministerio Público, por filtrar datos reservados del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un procedimiento que fracturó a la clase política y a las instituciones.
El tribunal impuso a Álvaro García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, en una sentencia que contó con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.
Se trata del primer fiscal general que ha sido imputado, procesado, juzgado y condenado, todos ellos hechos insólitos con una importante carga política detrás, por la férrea defensa que de él siempre hizo el Gobierno, incluso tras hacerse pública la sentencia.
