Vicente Fernández fue un brillante letrado de la Junta de Andalucía y llegó a ostentar uno de los puestos de más poder en el mundo de las corporaciones públicas en España. De la cumbre profesional ha caído a los infiernos tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de diversos delitos de corrupción
El pasado 5 de diciembre, Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973), tenía razones para estar eufórico. La Audiencia Provincial de Sevilla notificó su absolución en el caso Aznalcóllar. Fernández envió la noticia a algunas personas de su entorno después de seis años bajo sospecha. No era para menos, aquella imputación en octubre de 2019 fue el principio del fin para un alto funcionario con una carrera meteórica, que llegó al culmen cuando fue nombrado en junio de 2018 presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La SEPI, el conglomerado de empresas públicas y participaciones de control en compañías estratégicas. Uno de los lugares desde que el que se ostenta más poder, solo superado por los sillones nobles de algunas corporaciones del Ibex 35, la Real Casa de la Aduana (sede de Hacienda) o el Palacio de la Moncloa.
A Fernández le duró poco la alegría de su absolución. Solo cinco días después, el pasado 10 de diciembre, su nombre ascendía para siempre a la opinión pública. Ya nunca más será alguien conocido solo para las élites en Andalucía y Madrid. La Guardia Civil lo detuvo. Su teléfono se apagó. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Audiencia Nacional, los delitos por los que están siendo investigados él y otros implicados en el denominado caso Leire incluyen prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en relación con la adjudicación y gestión de contratos públicos y ayudas por un valor total de más de 130 millones de euros entre 2021 y 2023. El núcleo de lo que los investigadores tratan de acreditar es si Vicente Fernández participó —directa o indirectamente— en un sistema de cobro de comisiones o beneficios económicos a cambio de influir en contratos públicos y operaciones con empresas participadas o del entorno del Estado.
