La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en un informe que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, continuó ejerciendo funciones propias de su cargo incluso después de haber dimitido oficialmente el 4 de octubre de 2019.Fernández abandonó la presidencia del organismo público tras ser imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar. Sin embargo, según el documento remitido al juez Santiago Pedraz, el exdirectivo habría mantenido una actividad decisoria dentro de la entidad durante los años posteriores a su salida.
La investigación judicial se enmarca en una causa que analiza la presunta existencia de una trama destinada al cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar préstamos concedidos por la SEPI. En este procedimiento, además de Fernández, están siendo investigados la exasesora socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
De acuerdo con la UCO, entre 2020 y 2021 Fernández actuó "de facto" como si aún ostentara la presidencia del ente público, tomando incluso decisiones. Durante ese periodo, habría participado en reuniones de negociación con terceros en representación de la SEPI, accedido a información interna reservada y emitido instrucciones directas a altos cargos de la entidad.
