La transparencia no es incompatible con la seguridad en una crisis como la provocada por el brote de peste porcina
El viernes 28 de noviembre se supo que la peste porcina africana había regresado a España después de tres décadas, poniendo en jaque un sector que generó 25.000 millones de euros y más de 415.000 empleos el año pasado. El siguiente viernes, 5 de diciembre, después de que la Generalitat de Cataluña barajase la hipótesis de un supuesto bocadillo de chorizo traído de algún lugar remoto, el Ministerio de Agricultura anunció que estaba investigando si el virus que había matado a los jabalíes en Collserola había podido escapar de un laboratorio. El viernes 12, este periódico reveló que el laboratorio señalado, el de Bellaterra, experimentaba con la misma cepa del virus que apareció en el primer jabalí infectado, muerto a unos cientos de metros del lugar. En ese centro de investigación estaban probando en 15 cerdos un prototipo de vacuna para este virus.
Sin el trabajo periodístico no habríamos sabido que se pidió permiso a la Comisión Nacional de Bioseguridad para los experimentos. Y que en los mismos días en que se experimentaba, se estaban haciendo obras en las instalaciones, un factor disruptivo en un entorno tan sensible y que ya ha provocado fugas de patógenos anteriormente. El organismo no quiso reconocer la existencia de esas obras hasta que se publicó en EL PAÍS. No hay un portavoz técnico que dé explicaciones desde el centro. Ayer viernes 19, la Generalitat descartó que el patógeno —mortal para los cerdos, inocuo para los humanos— saliera del centro de Bellaterra tras las primeras conclusiones del equipo de expertos europeos en bioseguridad y contención. “Nada parece indicar que hubiese una fuga del virus”, señalan un día después de que la Guardia Civil y los Mossos registraran durante 14 horas este laboratorio con nivel 3 de seguridad (el más alto es 4).
