Trump está ordenando ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales para forzar un cambio de Gobierno en el país con mayores reservas de petróleo
Pongamos que las 83 personas a las que ha matado Trump en el Caribe en los dos últimos meses estuvieran transportando drogas. No hay pruebas de que lo hicieran pero, técnicamente, tampoco hay pruebas de que no. Podrían haber sido pescadores, como aseguran sus desoladas familias. Pero también podrían haber sido pescadores pobres dispuestos a cobrar 300 dólares por llevar un pequeño cargamento de cocaína a algún sitio. No sería la primera vez. Pero,
egura-que-estados-unidos-empezara-a-detener-a-narcos-venezolanos-por-tierra-muy-pronto-es-mas-facil.html" data-link-track-dtm="">si fuera una operación contra el narcotráfico, el protocolo estándar de interdicción marítima no es volarlos en pedazos y rematar a los supervivientes con un segundo misil. El protocolo es detener, inmovilizar y capturar las embarcaciones sospechosas, disparando a la propulsión para paralizar el bote y detener a la tripulación.
En una operación antidroga, la prioridad es interrogar a los traficantes y acumular inteligencia hasta llegar a los financiadores y líderes de los carteles, que no sangran una gota por la destrucción de un barco de pesca. Y, si son culpables, juzgarlos y aplicar las penas correspondientes, que en ningún caso sería la pena de muerte. En EE UU, la ley federal establece un máximo de cadena perpetua, incluso para los grandes capos de la droga. Hasta El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, ha sido recientemente juzgado y condenado a cadena perpetua. Un hombre que ha ordenado asesinatos, torturas y ejecuciones directas contra rivales, desertores, policías y civiles. No un pescador.
