Según el Departamento de Justicia, la secretaria de Seguridad Nacional decidió no frenar la expulsión de 200 migrantes a una prisión salvadoreña en marzo. El juez que ordenó el bloqueo avanza con una investigación por desacato penal
El Departamento de Justicia ha reconocido que fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en marzo pasado decidió proceder con la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador pese a la orden de un juez federal que exigía que los vuelos retornaran a Estados Unidos. El Gobierno lo ha admitido en un documento judicial presentado el martes en respuesta a la solicitud del juez James Boasberg para que la Administración identificara a los funcionarios que no acataron su orden y autorizaron la operación que llevaría a que los migrantes fueran encarcelados durante meses en una infame prisión del país centroamericano. El caso supuso un punto álgido en la cruzada de Donald Trump contra la inmigración.
El 15 de marzo, el Gobierno de Trump autorizó la deportación de más de 200 migrantes venezolanos y algunos salvadoreños a los que acusaba de pertenecer a bandas criminales latinoamericanas, como el Tren de Aragua. El presidente invocó una ley de 1798, la de Enemigos Extranjeros, que solo se ha utilizado tres veces en la historia y siempre en contextos de guerra, para expulsarlos sin ningún debido proceso. En El Salvador, los migrantes permanecieron durante meses en el Cecot, una megacárcel de máxima seguridad conocida por sus malas condiciones y las violaciones de los derechos de los detenidos. Después de vivir torturas y otros abusos en la prisión, fueron entregados a Venezuela en un canje de presos políticos acordado con Estados Unidos en julio.
