El fallo judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a entregar las actas de inspección de las residencias durante la pandemia es una victoria para la ciudadanía
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso a facilitar las actas de las inspecciones realizadas por la policía local en las residencias de mayores de la región durante la covid. Se trata de más de 200 relatos de primera mano sobre los días más duros de la pandemia, entre marzo y agosto de 2020, cuando miles de residentes murieron por falta de atención hospitalaria, hechos que están siendo investigados por varios juzgados.
Más allá de la tragedia sobre la que versan los documentos, la decisión del Superior supone un espaldarazo a la transparencia en las administraciones públicas. Este principio esencial en democracia, a cuyo cumplimiento obliga una norma estatal de 2013, fue desarrollado por la Comunidad de Madrid en una ley aprobada por la Asamblea regional en 2019, cuatro meses antes de que Ayuso ganara la presidencia y relevara en el cargo a su compañero de partido Ángel Garrido. Con la mayoría absoluta lograda en su segundo mandato, la dirigente popular sacó adelante una reforma por la que vinculó el Consejo de Transparencia al Gobierno regional, que desde entonces nombra a su presidente y único miembro. Hasta ese momento se trataba de un órgano independiente adscrito a la Asamblea, donde las formaciones consensuaban los nombres de sus entonces tres integrantes.
