La nueva ley, que aumenta el control sobre las embarcaciones de alta velocidad, fue promulgada un día después de la muerte de un guardia republicano mientras perseguía traficantes por el Guadiana
Portugal ha demorado siete años en dificultar las idas y venidas de las narcolanchas, que han disfrutado de una legislación benigna hasta hace pocos días. La nueva ley, que aumenta el control sobre la fabricación, posesión y tripulación de las embarcaciones de alta velocidad e incluye penas de prisión por vulnerarla, fue promulgada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, el pasado 28 de octubre, un día después de que el cabo de la Guardia Nacional Republicana Pedro Manata e Silva muriese en el río Guadiana mientras perseguía a unos narcotraficantes. Una funesta coincidencia. “Es una ley fundamental para combatir el tráfico y debía haberse aprobado hace tiempo”, lamenta César Nogueira, presidente de la Asociación de Profesionales de la Guardia (APN) y amigo del cabo fallecido. “Era inevitable que los narcotraficantes recurriesen a nuestra costa después de que España prohibiese las embarcaciones de alta velocidad”, añade.
La patrullera policial donde viajaba el cabo fue embestida por la narcolancha, que fue abandonada poco después. Otros tres agentes resultaron heridos de gravedad. El suceso recuerda otros abordajes mortales durante operaciones en el sur de España y constata, en opinión de César Nogueira, que se trata de una reacción violenta ya convertida en estrategia por los narcos. “Sus lanchas son mucho más eficaces que nuestras embarcaciones, hay que invertir en mejorar nuestros recursos. Los criminales siempre van por delante de la policía”, sostiene.
