El Tribunal Superior de Madrid estima que el temor a que haya disturbios y se produzcan delitos de odio no basta para vetarla a priori
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no cree que el temor a que se produzcan delitos de odio y se humille a las víctimas de la dictadura sea motivo suficiente para prohibir una manifestación fascista convocada con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco y el 89 del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Si durante la manifestación se produjesen gritos que vulneren el Código Penal o la ley de Memoria Democrática, alega el tribunal, “los poderes públicos deberán reaccionar”, incluso disolviendo la concentración, pero “no basta con albergar dudas genéricas sobre posibles efectos negativos de una reunión para restringirla o prohibirla” a priori.
En consecuencia, la Sala de los Contencioso-Administrativo de dicho tribunal ha levantado la prohibición de la marcha convocada para este viernes por La Falange, en la que tiene previsto participar una bisnieta del dictador italiano Benito Mussolini. La manifestación discurrirá desde la calle Génova, donde nació el fundador de La Falange y se encuentra la sede nacional del PP, hasta la calle Ferraz, donde está la sede federal del PSOE. Este fue uno de los motivos esgrimidos por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para prohibir la marcha, ya que en la calle Ferraz se produjeron, durante el mes de noviembre de 2023 y en protesta por la aprobación de la ley de Amnistía, concentraciones que provocaron “alteraciones del orden público” y se saldaron con la detención de 84 personas. Añadía que también tras la manifestación convocada el pasado día 9 por la organización neonazi Núcleo Nacional se produjeron disturbios, como el lanzamiento de objetos contra la policía y la quema de contenedores, que dieron lugar a dos detenciones. “Las movilizaciones de carácter ultraderechista han generado ya alteraciones graves del orden público, de modo que el riego asociado a nuevas convocatorias no es hipotético, sino probado y verificable”, concluía la Delegación del Gobierno, que aportaba dos informes policiales de valoración de riesgo, uno que lo consideraba “moderado” y otro, del día siguiente a la prohibición de la marcha, que lo aumentaba a “elevado”.
