El ministro Óscar López emplaza a Feijóo y al Tribunal Superior de Madrid, que autorizó la marcha, a condenar los hechos
La Delegación del Gobierno estudia posibles sanciones contra los manifestantes de Falange que este viernes recorrieron diversas calles de Madrid profiriendo gritos y proclamas “racistas y antidemocráticas”, en el marco de una manifestación convocada bajo el lema Contra el genocidio del 78, en referencia a la democracia constitucional. Durante la marcha, que reunió a unas 700 personas, según cálculos de la propia Delegación del Gobierno, y que se había convocado para conmemorar la muerte Franco, se profirieron consignas “por las víctimas de la violencia inmigrante”, y contra el presidente del Gobierno: “¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca!”. Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, pueden ser constitutivas “de un delito de odio”.
La marcha había sido prohibida por la Delegación del Gobierno, pero fue luego autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Si durante la manifestación se produjesen gritos que vulneren el Código Penal o la ley de Memoria Democrática”, alegó el tribunal, “los poderes públicos deberán reaccionar”, incluso disolviendo la concentración, pero “no basta con albergar dudas genéricas sobre posibles efectos negativos de una reunión para restringirla o prohibirla”, añadían.
