La condena al fiscal general desata indignaciones y euforias, en medio de la batalla sobre la politización de la justicia
El 20-N de 2025, la misma jornada en que se cumplían 50 años de la muerte de Franco, “fue un día triste para la democracia”, confiesa desde el anonimato un magistrado del Tribunal Supremo. Ese día tan señalado, la más alta instancia de la justicia española condenaba a un fiscal general del Estado, por primera vez en la historia. El rugido de una enorme brecha que...
se abría sacudió el país. Las dos Españas afloraron reflejadas en dos grupos de togas: cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo que decidieron condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de datos reservados y las dos únicas progresistas que plasmarán su discrepancia en un voto particular.
El cava corrió entre la derecha política y social, que ya llevaba tiempo tratando al máximo responsable del Ministerio Público de “delincuente” y lo motejaba de Alvarone. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio, procesado por delitos fiscales, ejercía la acusación particular, festejó la sentencia con su conocida tesis de que España se ha convertido en una dictadura.
