Los políticos arrestados pasarán a disposición judicial este jueves, y se determinará si ingresan en prisión provisional
El 15 de junio de 2021 la Guardia Civil detenía a Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, por haber cobrado presuntamente mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de un contrato de suministros sanitarios por dos millones de euros adjudicado por esa entidad supranacional a la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, investigado por narcotráfico y tráfico de armas. Se abría así el primer caso mascarillas de España que, cuatro años después, sigue en fase de instrucción.
Esta investigación ha dado lugar a nuevas pesquisas que apuntan a adjudicaciones de obras presuntamente irregulares por parte de la Diputación a una red de empresas, sospechas que llevaron el martes a la detención de siete personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas su presidente, Javier Aureliano García, y vicepresidente, Fernando Giménez, y que se ha culminado este miércoles con el arresto de Liria —sobre el que pivota buena parte de las indagaciones realizadas en todo este tiempo—, tal y como han confirmado fuentes de la investigación.
