La dirección del PP defiende que la ley hay que cumplirla, pero que si hay “dudas” o “diferencias”, decidan los tribunales
Al final, después de un largo enredo en el PP por la rebeldía de Isabel Díaz Ayuso a cumplir con el registro de objetores al aborto, Génova ha terminado plegándose ante la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso ha ganado la partida interna, obligando a la dirección del PP a modificar su postura y a ampararla, pese a que, al hacerlo, admite que un presidente autonómico se niegue a cumplir una ley estatal. Más de un mes lleva el PP tensionado internamente por este asunto, siempre divisivo para los populares, y al final, este lunes, Génova ha respaldado a Ayuso en su decisión de incumplir la disposición legal que la obliga a crear un registro de médicos objetores al aborto.
El encargado de ese papel ha sido el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que ha ejercido como portavoz este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección popular. Bravo llevaba escrita la respuesta, muy medida, y la ha repetido dos veces ante las preguntas de los periodistas sobre la rebeldía legal de Ayuso.
El vicesecretario ha dado amparo a Ayuso con el argumento de que, cuando hay “dudas” o “diferencias” sobre la aplicación de una ley, “se tiene que acudir a la vía judicial”. “Las leyes se cumplen o se modifican. Una de las cosas se tiene que hacer. Y cuando hay dudas, debe ser la vía judicial la que debe resolver”, ha defendido Bravo, en línea con el Gobierno de Madrid, que sostiene que sean los tribunales los que le obliguen a cumplir la ley y en su caso crear el registro de objetores. “Las leyes o se modifican o se cumplen”, ha repetido después Bravo, preguntado de nuevo. “Y cuando hay diferencias, se tiene que acudir a la vía judicial para hacer esa resolución”.
