Hace falta una estrategia conjunta de Federación, Liga F, clubes, patrocinadores y administraciones públicas, que trace un camino realista a medio plazo, con metas claras en asistencia, ingresos, audiencias, abonados y participación

Cualquier liga profesional, para serlo, necesita un modelo de negocio y sostenibilidad económica. En junio de 2021, bajo la presidencia de Irene Lozano en el Consejo Superior de Deportes, se aprobó la profesionalización del fútbol femenino en España. La decisión fue principalmente política y, en cierta medida, una reivindicación feminista, con efectos...

muy positivos. La profesionalización, unida al éxito internacional de la selección o del FC Barcelona, ha dado un impulso enorme al fútbol femenino, ha multiplicado referentes y ha contribuido a una mayor visibilidad de las mujeres en el deporte, en los banquillos y en los despachos. Además, ha inspirado a nuevas generaciones a implicarse en disciplinas que antes se consideraban exclusivamente masculinas, transformando la cultura deportiva del país.

A esa profesionalización le faltó un plan estratégico ambicioso, realizable y medible que seguir, y por ello el gran reto actual del fútbol femenino sigue siendo su sostenibilidad económica. El crecimiento en notoriedad y reconocimiento mediático es indiscutible: los éxitos de la selección, el seguimiento de las grandes figuras y la gran cantidad de camisetas de nuestras futbolistas que compran tanto niñas como ¡niños! muestran un cambio cultural profundo. Pero ese cambio todavía no se refleja en ingresos. La asistencia media a los estadios en la temporada pasada fue de 1.618 personas, y de los 398.000 asistentes de la temporada, 100.000 lo fueron a partidos del Barça como local. Al fútbol femenino le falta mayor equilibrio competitivo, así como mayores ingresos comerciales, de matchday y de TV. Según datos del CSD, en la temporada pasada sólo 3 clubes de 16 tuvieron superávit. El resto depende del apoyo financiero de sus secciones masculinas, de ayudas públicas o del patrimonio de sus propietarios. El Estado, a través del CSD, ha invertido casi 40 millones de euros desde 2022 para acompañar este proceso; este año que ya no hay ayudas, la competición debe volar sola.