En un momento dado, una gran mayoría de progresistas, entre los que me incluyo, abandonó el núcleo de su ideario político: la justicia social
Ahora me pregunto en qué estaba pensando yo entre principios de este siglo y aproximadamente 2008, entre la caída de las Torres Gemelas y el estallido de la gran crisis cuyos culpables nunca pagaron las consecuencias de la irresponsabilidad y la monstruosa codicia que desataron el desastre. A una abuela de 90 años la pueden desahuciar de la noche a la mañana por no pagar un recibo de alquiler, pero los banqueros, los piratas de las altas finanzas y los políticos que les facilitaron sus estafas no han perdido, que se sepa, ni un céntimo de sus beneficios, y aunque han arruinado tantas vidas ninguno de ellos se ha llevado ni el más ligero disgusto legal. Al Estado lo acusan de todos los males ...
de la burocracia y de las regulaciones impertinentes, que al parecer entorpecen el dinamismo del mercado, pero, cuando ese dinamismo conduce aceleradamente al desastre, es el estado el que ha de sostenerlo todo, y cubrir con toneladas de dinero público los desfalcos cometidos por los intocables poderosos.
En estas mismas páginas, Andreu Missé recuerda casi cada semana los muchos miles de millones que el Estado sigue gastando en España queriendo rellenar el foso insaciable de la deuda que nos dejaron los genios de la economía neoliberal, y la vergüenza de que en ningún otro país europeo la cifra sea tan desmedida. La abstracción de los números dice poco al analfabetismo matemático de quienes nos dedicamos a las humanidades y a las letras, pero cuando nos enteramos de que el enigmático “banco malo” nos va a costar 16.000 millones más de lo que ya nos ha costado, nos convendría hacer uno de esos ejercicios de cálculo en los que Missé es un experto: cuántos profesores, médicos, enfermeras, asistentes sociales, bomberos, científicos, podrían contratarse; cuántas escuelas, hospitales, laboratorios, viviendas de alquiler social, parques públicos, se podrían construir, o rescatar del deterioro al que los someten dirigentes políticos cuyos intereses exclusivos, aparte del poder, son el fomento descarado de la educación y la sanidad privada y la especulación inmobiliaria.
