La ilegalización de la fundación dedicada al dictador debe garantizar el destino de los documentos de su archivo y el libre acceso a los mismos

Desde que el pasado viernes 31 de octubre, el Gobierno anunciara el inicio del expediente de ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, surge la incógnita sobre el destino de su archivo. Aunque el tema se ha llegado a plantear con anterioridad, ha pasado bastante inadvertido, desplazado de la act...

ualidad. Sin embargo, no es una cuestión menor, si se tiene en cuenta la importancia de la documentación que conserva, y, sobre todo, de toda aquella que no es de acceso público y apenas se conoce. Ya hemos perdido demasiado patrimonio histórico en nuestro país como para no tener todas las cautelas necesarias que eviten la ocultación, la manipulación o el expolio al que han sido sometidos buena parte de los archivos, testigos mudos de nuestra historia reciente.

Desde sus orígenes, este conjunto diverso, procedente de la Jefatura del Estado, del Gobierno y del Ejército durante prácticamente cuatro décadas, ha mantenido la misma pauta: es de acceso limitado y de uso particular. Una situación que ha continuado a lo largo de la democracia, favoreciendo la publicación de todo tipo de apologías del dictador y, sobre todo, ocultando una incalculable cantidad de documentación inédita del período. La información reservada, la de consumo interno del régimen, se mantiene intacta, mientras se difunde un aluvión de material propagandístico, desordenado e imposible de contrastar. Sucede así desde su propia creación. A medida que Franco afianza el mando único, su cuartel general en Burgos comienza a centralizar todo lo que es capaz de generar e incautar. Poco antes de terminar la guerra, con su Gobierno ya reconocido internacionalmente, habla de la necesidad de crear un archivo con toda esta documentación “para la enseñanza de la historia”. Nace así el Archivo de la Cruzada o de la Guerra de Liberación, con cientos de miles de papeles acumulados en Salamanca, sede de la llamada Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, organismo que hasta el año 1944 mantuvo su carácter reservado. Allí se centralizó y gestionó todo el proceso de la clasificación de la inicialmente llamada “información retrospectiva”, más tarde conocida como “político-social”, con la documentación procedente de la ocupación del territorio republicano y de las grandes ciudades. Una enorme masa documental que creció aún más con el archivo de antecedentes masónicos y con el Registro Central de todas las llamadas jurisdicciones especiales hasta el final de la dictadura. En ese mismo año, 1944, cuando se da por terminada la clasificación de la documentación incautada en el puerto de Alicante, la delegación cifra “en cerca de cuatro millones de fichas y documentos los que tiene ubicados en sus dependencias”.