Funcionarios y generales mexicanos prometieron a un empresario estadounidense recuperar una mina en Sonora, pero solo si recibían considerables sobornos. Para el hombre, recuperarla era más que un negocio: era un ajuste de cuentas con su pasado y una oportunidad de retribuir al orfanato que lo crió
A toda velocidad por la autopista, a más de 160 kilómetros por hora, un convoy de vehículos de la policía estatal atravesaba los topes de la entrada a un pequeño pueblo del desierto sonorense. Pasar sobre ellos era un infierno, pero Alejandro Sánchez sabía que reducir la velocidad era demasiado arriesgado: aquí, los lugareños los llaman “badenes de la muerte”, porque al bajar la marcha se les da a los francotiradores del cartel una mejor oportunidad para matarte.
Sánchez y los agentes que lo escoltaban habían salido de Hermosillo, la capital del estado de Sonora, antes del amanecer del 23 de junio y, para las siete de la mañana, ya habían llegado a Altar. No hay mucho tránsito peatonal, ya que el pueblo se encuentra en el corazón de una zona de guerra entre carteles, y cualquiera que camine por las calles corre el riesgo de quedar atrapado en un tiroteo.
Aun así, era un lugar donde podían reunirse refuerzos, así que el convoy se detuvo bajo el arco de bienvenida del pueblo y los agentes, armados con rifles semiautomáticos AR-15, tomaron posiciones elevadas para vigilar posibles amenazas. En cuestión de minutos, otras cuatro patrullas llegaron a toda prisa para unirse al operativo de seguridad.
