Es fundamental lograr que la seguridad del suministro sea compatible con los objetivos medioambientales
Las consecuencias del apagón que el pasado 28 de abril dejó a la península Ibérica a oscuras se extienden. Entre mayo y octubre, la generación de electricidad producida con gas en España ha aumentado más de un 50% y, como consecuencia inmediata, las emisiones de CO₂ también se han disparado: un 47% en este tiempo. El despliegue decidido por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), no es coyuntural sino la consecuencia directa de la gestión reforzada que aplica la compañía para evitar nuevas crisis. Sin embargo, supone un salto en el papel del gas dentro del mix energético que plantea dilemas estratégicos, políticos y medioambientales de primer orden. Y, por tanto, exigen explicaciones por parte de las autoridades y de los responsables del sistema.
Aunque seis meses después del apagón sigue pendiente una auditoría que aclare cuáles fueron las causas —y consiguientes responsabilidades— del colapso y qué reformas son necesarias para evitar que algo así se repita, los cambios se empiezan a percibir. REE ha apostado por programar masivamente ciclos combinados en los llamados servicios de ajuste, los que evitan las oscilaciones de frecuencia que precipitaron el traumático episodio de abril. La medida implica que, en momentos puntuales en estos meses, el gas ha desplazado a algunas renovables como tercer pilar de la generación en España, algo inaudito en los meses de primavera y verano. En abril, aproximadamente el 12% de la energía consumida era generada con gas; en octubre ha alcanzado el 23%.
