La lupa vuelve a ponerse sobre el alto tribunal tras la polémica instrucción del caso del fiscal general por el juez Ángel Hurtado
El tribunal que inicia mañana la vista contra el fiscal general del Estado no sólo examina a Álvaro García Ortiz. También se examina a sí mismo. Debe extremar su celo, se juega
scal-general.html" data-link-track-dtm=""> la credibilidad del Tribunal Supremo entero. Y del Poder Judicial: la Fiscalía es parte del mismo (Constitución, artículo 124). Y del Estado de derecho.
Desde el Supremo se invadieron competencias del Legislativo y del Tribunal Constitucional en el asunto de la amnistía, y cristalizó la autodenigrante rebeldía contra el proyecto de reforma judicial. Ahora, la lupa vuelve a sí mismo. A la sombra que le sobrevuela y condiciona: la polémica conducción del caso del fiscal por el instructor Ángel Hurtado (El infame juicio al fiscal general). Una toga sesgada, que descartó delito en la más grave corrupción institucional, el caso Gürtel, y a su pesar (escrito), condenada.
La instrucción antifiscal ha sido como “una obra de ficción”, denunció el magistrado Andrés Palomo en un voto particular. La debeló porque “no existe un fundamento indiciario suficiente”; “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”: aludía al correo del primer filtrador, el abogado del acusador, González Amador, reconociendo el delito de este. Así, sin pruebas ni indicios sólidos, si en la vista no aflorasen otros, sería imposible una condena, salvo impensable prevaricación.
