Un cambio en la legislación puede llevarles a perder 60.000 mutualistas y 3.000 millones de euros de ahorro bajo gestión. A pesar de ello, el presidente asegura que la firma “está a salvo y más fuerte que nunca”
La Mutualidad de la Abogacía —que ahora se presenta bajo el nombre Mutualidad— vive uno de los momentos más cruciales de su historia. La aseguradora profesional afronta la inminente aprobación de una ley que permitirá a determinados mutualistas trasladar sus ahorros al sistema público, a través de una “pasarela” al régimen especial de trabajadores autónomos. La entidad se prepara para adaptarse al nuevo marco legislativo con un plan estratégico que busca mantener su solvencia y seguir creciendo, incluso si la norma acaba poniendo fin a su papel como alternativa privada a la Seguridad Social, función que desempeña desde 1948.
La ley ya ha superado el periodo de enmiendas y ha entrado en tramitación parlamentaria. Si finalmente se aprueba, en el peor de los escenarios la Mutualidad deberá asumir la salida de 60.000 mutualistas y la pérdida de 3.000 millones de euros de ahorro gestionado, un tercio del total. Pese a ello, la aseguradora no se achanta. “La Mutualidad está a salvo y más fuerte que nunca”, afirma con autoridad Enrique Sanz Fernández-Lomana (Valladolid, 1952), presidente de la entidad, durante una entrevista con EL PAÍS. Actualmente, la aseguradora gestiona más de 11.500 millones de euros. En caso de que los autónomos se cambien al sistema público, la entidad seguirá contando con un volumen de 8.000 millones.
