Castilla y León pretende sumar a los brigadistas de adjudicatarias aunque estos denuncian que sería mediante Tragsa y una sociedad autonómica y con condiciones diferentes a los de la Junta
Las ascuas políticas de los incendios de verano en Castilla y León entran en la fase preelectoral rumbo a los comicios de marzo. El presidente,
O suscríbete para leer sin límites
anueco/" data-link-track-dtm="">Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunció este martes medidas en favor del dispositivo contra los fuegos, tan cuestionado en agosto, con una clave: en tres años será completamente público. Ahora se fracciona entre operarios de la Junta y los adjudicados a empresas privadas, con condiciones precarias según los bomberos. Mañueco presumió de esa idea, opuesta a lo esgrimido durante años por su Gobierno en favor del modelo público-privado, pero los sindicatos y los brigadistas lo cuestionan: la transición será mediante la empresa pública estatal Tragsa y la empresa pública autonómica Somacyl. “Es un ‘trágala’ unilateral de la Junta”, denuncian: “Siempre nos tratan como empleados de segunda. ¿Por qué no nos tratan como a cualquier otro trabajador de la Junta?”.
Mañueco presentó el plan presupuestario, sin mayorías para su aprobación y con elecciones en cinco meses, incluyendo iniciativas para los bomberos: incorporar más recursos, aumentar medios para las Diputaciones, más cuadrillas trabajando 12 meses, mejora de las condiciones laborales o el reconocimiento de la categoría profesional del bombero, de instrucción nacional por una ley de 2024. Lo principal, que en 2028 el operativo sea íntegramente público: “El paso, en tres años, de los profesionales del sector privado al sector público [...] a medida que los contratos vayan venciendo, los trabajadores pasarán a depender directamente de la Junta”.
