Problemas de competencias, de transferencias y de gestión de las administraciones y asociaciones retrasan la aplicación del plan de choque y de la norma legal
Hace un año, el 10 de octubre de 2024, el Congreso, habitualmente fracturado, aprobó, con 344 votos a favor, casi por unanimidad, la llamada ley ELA. En esa jornada, que se ensalzó como “histórica”, salió adelante la norma que pretende
e-la-discapacidad.html" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/sociedad/2024-09-17/que-cambiara-con-la-nueva-ley-de-la-ela-atencion-24-horas-proteccion-a-los-cuidadores-evaluacion-de-la-discapacidad.html" data-link-track-dtm="">mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de curso irreversible, y también la de sus familiares. Ya entonces todos los portavoces políticos alertaron de que la puesta en marcha de las ayudas a los afectados, y del plan de choque previo que contempla la norma, no debía dilatarse: “Los enfermos de ELA no disponen de tiempo”. Sin embargo, doce meses después, las trabas burocráticas, administrativas y de gestión hacen que las mejoras previstas no lleguen, y los culpables son muchos, pese a que las buenas intenciones se mantienen. Sanidad, Derechos Sociales, las autonomías y ConELA, la principal asociación de afectados, no paran de reunirse para despejar los obstáculos, pero el tiempo apremia.
