Tras la sustracción de decenas de toneladas de olivas en los últimos años, el ejecutivo prepara un decreto para asegurar la trazabilidad del producto
La Guardia Civil actúa con la contundencia necesaria para desarticular a una banda criminal organizada. Es la operación Kalabrea. Corre 2023, y hasta 16 personas acaban detenidas. ¿Su delito? Robar 17.500 kilos de aceitunas en la comarca madrileña de Las Vegas. No es un hecho aislado. Un año después, en 2024, llega la operación Telones, que acaba con seis detenidos y once investigados por la sustracción de 15.000 kilos de olivas en municipios como Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña, Valdarecete, Brea del Tajo o Torres de la Alameda. Una y otra vez, actúan las mafias aceituneras, que espoleadas por los altos precios del aceite ganan así cientos de miles de euros. Una y otra vez, actúa la Guardia Civil. Y con esa excusa, ahora interviene el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, y prepara un decreto para asegurar la trazabilidad de las aceitunas madrileñas con el objetivo de dificultar su lucrativa venta ilegal.
“La situación de partida es paliar, en la medida de lo posible, la problemática surgida en los últimos años con los robos de aceitunas bien en la explotación, o una vez que han sido trasladadas a la almazara para su extracción, debido al alto precio alcanzado por el aceite de oliva en el mercado”, se lee en la documentación colgada en el portal de transparencia, y consultada por este diario. “Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a finales de 2023 los precios del aceite de oliva virgen extra superaron los 840 euros por cada 100 kilogramos, cuando hace tres años estaba en torno a 240 euros por cada 100 kilogramos”, se razona sobre los costes de este producto, que llegaron a máximos en enero de 2024 (casi nueve euros el kilo), se estabilizaron por debajo de los cuatro euros en lo que va de 2025, y ahora están empezando a repuntar ligeramente, según datos de la federación española de industriales fabricantes de aceite de oliva. Y se añade: “[También se busca] responder a unos objetivos de calidad alimentaria, lucha contra el fraude y tratar de evitar los robos de producto”.
