Expertos achacan a la crispación política y a la falta de regulación el ‘caso Begoña Gómez’ y recomiendan normas para dar seguridad a las consortes y a la sociedad
Ninguna de las esposas de los siete presidentes del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas tras la dictadura ha seguido un manual o estatuto específico porque no lo hay. Cada una ha hecho lo que ha estimado conveniente con su carrera profesional. Unas pidieron excedencias y abandonaron sus respectivos trabajos; otras decidieron mantenerlos; todas tuvieron a su disposición asistentes sufragados por La Moncloa. Alguna vez ha surgido alguna polémica, como puede comprobarse en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado, donde llegó a discutirse el uso de una piscina de la Guardia Civil, el séquito o los motivos de algún viaje o entrevista, pero nunca habían llegado tan lejos como hasta ahora, cuando el juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, de cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y el PP habla más de ella que del propio Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde junio acusado de ser pieza clave en una trama de corrupción y mordidas millonarias.
