Todos los actores políticos deben contribuir cuanto antes a disipar las dudas sobre los dispositivos de protección de mujeres amenazadas
La revelación la pasada semana de diversos fallos en el control telemático de los maltratadores ha generado una creciente inquietud en torno a estos dispositivos que resultan claves en la protección de las víctimas. La memoria de 2024 de la Fiscalía General del Estado denuncia un vacío de datos de varios meses causado por un relevo de empresas adjudicatarias del servicio y que provocó, según se lee en el informe, una “potencial desprotección de las víctimas” y “gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios”.
A estas preocupantes afirmaciones se añadió la vaguedad de las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien las calificó de “alarmistas” sin más explicación sobre a cuántas mujeres afectó el incidente, durante cuánto tiempo carecieron de archivos telemáticos para demostrar judicialmente los quebrantamientos del alejamiento y cuántos casos se han malogrado por esta razón. Además de esta opacidad informativa, se acumulan indicios de que los fallos en las pulseras eran conocidos por el ministerio. Ni la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ni la ministra Redondo han dado aún explicaciones a la altura de la alarma social generada.
