Francia tiene un Gobierno en funciones. Otra vez. El Ejecutivo, en un momento delicadísimo para el país, dentro y fuera de sus fronteras, se encarga solo de los asuntos corrientes. Pero el nuevo primero ministro, Sébastien Lecornu, no tiene prisa. Recibió el encargo de recabar los apoyos suficientes de los partidos para lograr a aprobar un presupuesto antes de formar ningún Gobierno. Establecer consultas antes de volver a despachar con Emmanuel Macron. A eso dedica la semana, en la que otra amenaza de parálisis sobrevuela el país con la huelga de este jueves, convocada y apoyada esta vez por los sindicatos, mientras anuncia ya medidas como eliminar los privilegios de los ex primeros ministros o desistir de la idea de suprimir dos días de fiesta del calendario para contentar a los socialistas, pieza clave para su supervivencia.
El presidente Macron sigue atentamente los progresos de su nuevo primer ministro y estrecho colaborador, con quien ha compartido horas de avión, ejercicio en la cubierta de portaviones y whisky en las madrugadas de insomnio en el Elíseo. El jefe del Estado sabe que puede ser uno de sus últimos recursos antes de que la presión de la calle y del Parlamento se dirijan directamente contra él. Es consciente de los errores que cometió François Bayrou, especialmente haber creído que podía contar con la abstención del Reagrupamiento Nacional (RN) sin haber hablado con su líder, Marine Le Pen. Hoy sabe ya que la ultraderecha solo quiere una disolución de la Asamblea y nuevas elecciones. En el Elíseo están convencidos también de que Le Pen, inhabilitada por un caso de malversación de fondos, piensa que unos comicios y una posible mayoría absoluta de la ultraderecha en el Parlamento es su única posibilidad para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Quizá gracias a una ley de amnistía, sospechan. Así que todo pasa por los socialistas y el encaje con el resto de socios.
