La última y más autorizada definición legal de la barbarie que Israel está perpetrando en Gaza es la de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Reconoce la comisión del delito de genocidio por parte de Israel y da por probada la existencia de intencionalidad, indispensable para su tipificación. Además de conminar a Israel para que cese la ofensiva, acabe con el cerco del hambre, levante el asedio y asegure la ayuda humanitaria, medidas que ya fueron impuestas cautelarmente por el Tribunal Internacional de Justicia y han sido ignoradas, urge también a que Israel cumpla sus obligaciones legales internacionales y al castigo de los responsables. Solo faltaría ya que un tribunal autorizado tipifique la matanza perpetrada por Israel en Gaza como genocidio y luego condene a sus autores, que no pueden ser otros que los actuales gobernantes, encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Esta comisión ya había determinado anteriormente que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, pero todavía no había entrado, como ha hecho ahora, a demostrar la intención expresa de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. El dictamen de genocidio establece un antecedente para ser utilizado por el Tribunal Internacional que atiende la demanda de Sudáfrica contra Israel, apoyada por gran número de países. Estas opiniones jurídicas se han visto precedidas por dos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.
