Cada mañana, en el campo de refugiados de Kakuma, al norte de Kenia, Pauline Nyokabi da clase de Biología y Química a más de 100 estudiantes en un aula “sin electricidad, sin wifi y sin biblioteca”. A pesar de todo, allí se enseña, se aprende, se resiste. “Mis estudiantes me dan fuerza. Son resilientes y luchan por su educación. Y yo soy un modelo para ellos. No puedo fallarles”, afirma Nyokabi, que habla desde la experiencia de llevar años sosteniendo, con sus propias manos, el derecho a aprender en uno de los contextos más olvidados del planeta.
A cinco años de que expire el plazo de la Agenda 2030, ese derecho está lejos de garantizarse. El compromiso internacional de asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas ha quedado, en muchos casos, en papel mojado. Si nada cambia, 84 millones de niños y niñas podrían seguir sin haber pisado una escuela dentro de cinco años.
Hace 10 años la comunidad internacional hizo una promesa por la dignidad. Sin embargo, lejos de acercarse a esos compromisos adquiridos, la Agenda 2030 se ha convertido, en demasiados lugares, en una lista de promesas incumplidas.
António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, fue claro y contundente hace unas semanas cuando desveló que solo el 35% de las metas de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están encaminadas a ser cumplidas en el plazo previsto. Un porcentaje alarmante que muestra las dificultades y la falta de voluntad política y financiera que existe en la gran mayoría de países, y que se hace más evidente aún si nos detenemos exclusivamente en el ODS 4, el dedicado al derecho a la educación. Sabemos que la voluntad política y financiera se movilizan por la presión social. Como sociedad, debemos despertar, debemos presionar, debemos levantar la voz.
