La Unión Europea se propuso en 2022 aprobar un reglamento que luche contra la difusión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas inglesas). La idea es detectar esos contenidos antes de que se manden de un dispositivo a otro a través de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram o Signal. El problema es que, para hacerlo, hay que monitorizar todos y cada uno de los mensajes que se envíen en suelo europeo. Y eso supone acabar con la privacidad que aporta la encriptación de extremo a extremo, una tecnología presente en WhatsApp o Signal que garantiza que el contenido del mensaje solo lo ven el emisor y el receptor (ni siquiera la plataforma tiene acceso a ello).
Un grupo de más de 600 académicos de 34 países ha publicado esta semana una carta abierta dirigida a la Presidencia de la UE en la que desgranan los motivos por los que consideran que la normativa no solo no conseguirá sus objetivos, sino que supone una amenaza potencial para la privacidad de todos los ciudadanos. “La propuesta creará capacidades sin precedentes para la vigilancia, el control y la censura, y conlleva un riesgo inherente de desviación de funciones y abuso por parte de regímenes menos democráticos”, sostienen en el escrito los investigadores, en su mayoría ingenieros y expertos en criptografía. “Alcanzar el nivel actual de seguridad y privacidad en las comunicaciones y sistemas digitales ha llevado décadas de esfuerzo. No cabe duda de que esta propuesta socava por completo las protecciones de seguridad y privacidad que son esenciales para proteger a la sociedad digital”, sentencian.
