Los móviles se han quedado fuera de los centros escolares en este nuevo curso. Las comunidades autónomas ya no permiten su uso en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, salvo en excepciones con fines pedagógicos y bajo supervisión de los docentes. El siguiente paso, de menor consenso entre las regiones, serán las acciones para regular el uso de tabletas y portátiles. El 70% de los niños entre 10 y 15 años en España tiene un teléfono móvil, según un estudio de TBS-Barcelona con datos de INE, y la cifra asciende al 96% en adolescentes de 15 años. El Consejo Escolar del Estado aprobó por unanimidad en enero de 2024 prohibirlos en las aulas y esto desencadenó las regulaciones autonómicas donde no las había.
La pionera había sido Castilla-La Mancha, cuando el Gobierno regional prohibió en 2014 el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, mediante la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia. Solo los admite en casos previstos en el proyecto educativo del centro. Le siguió Galicia, que los vetó en clase desde 2015 y, desde el año pasado, extendió la prohibición a las entradas y salidas del centro, el recreo, el comedor y las actividades complementarias y extraescolares. Con respecto al resto de las pantallas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció al inicio de este curso la preparación de una Ley de educación digital para regular el uso de las tecnologías, que solo permite el uso colectivo de dispositivos hasta 4º curso de Primaria y el uso individual a partir de 5º.
