Tras múltiples desacuerdos en los últimos años, la relación entre Frontex, la agencia europea de fronteras, y España está lejos de ser la mejor pese a que colaboran en operaciones contra la inmigración irregular. El último motivo de fricción conocido son las entrevistas que Frontex y la Policía Nacional realizan conjuntamente a los migrantes recién llegados a las costas españolas, en el punto de mira por posibles violaciones de la protección de datos y los derechos fundamentales. También por su supuesta voluntariedad y el uso que se da a los testimonios para impulsar investigaciones penales contra presuntos traficantes. La policía rechaza cualquier acusación de mala praxis, aunque el asunto llegó a poner en riesgo la renovación de los planes operativos conjuntos en enero de 2024.
El propósito de los debriefings, como llama Frontex a estas entrevistas, es obtener información sobre flujos migratorios, el modus operandi de quienes organizaron el viaje clandestino y otra información útil para acabar desarticulando redes de tráfico de migrantes. Deben ser voluntarias y no pueden usarse para recabar ninguna información ni datos personales sobre el entrevistado. Eso sobre el papel.
En la práctica, una investigación de EL PAÍS revela que existen serias dudas sobre el cumplimiento de las normas de protección de datos de la UE y su carácter voluntario a pesar de que Frontex y la policía española coinciden en que no se trata de interrogatorios. “Hablamos de entrevistas voluntarias y anónimas”, insiste un portavoz policial.
