Tras casi dos años de guerra en Gaza, las palabras del Gobierno de Israel convencen a un número cada vez menor de civiles y de soldados. A finales de 2023, después de que Hamás lograse penetrar en suelo israelí y matase a 1.200 personas en una masacre que conmocionó a la población, miles de israelíes se alistaron precipitadamente para responder a lo que percibían como una amenaza a la supervivencia del Estado de Israel. Veintitrés meses más tarde, un grupo cada vez más numeroso de soldados en la reserva —cerca de 400 lo hicieron público la semana pasada— declara abiertamente su rechazo a atender las siguientes convocatorias militares, ante lo que denuncian como una guerra “sin sentido” e “ilegal”.
La razón de ese alejamiento no es tanto el sufrimiento de los civiles gazatíes sino el de los rehenes israelíes. Muchos consideran que esa ofensiva ha fracasado en su objetivo de rescatar a los rehenes que siguen en manos de Hamás, y que solo pretende la supervivencia del Gobierno. “Esta guerra no sirve para nada, solo para que [Benjamín] Netanyahu siga en el poder”, dice a EL PAÍS Eyal, un militar en la reserva.
Las dudas acerca de los motivos que llevan a los mandatarios israelíes a ordenar la continuación de la ofensiva, que en estos dos años ha matado a cerca de 63.000 palestinos (una media de 90 al día), van acompañadas de críticas que surgen del interior del propio ejército israelí y que desdibujan el retrato del desempeño militar ejemplar que los líderes de Israel difunden hacia el mundo.
