Ojos marrones, pelo negro, 1,90 metros de estatura. El rostro de Nicolás Maduro aparece en primer plano debajo de ocho grandes cifras rojas. Es la suma de dinero que las autoridades de Estados Unidos están dispuestas a pagar por información que permita su captura: 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros). En el póster de recompensa, publicado a principios de agosto, no hay, sin embargo, una sola línea sobre su trayectoria política. No es señalado como dictador ni como el arquitecto del fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, dos reclamos recurrentes en el repertorio de Washington. Maduro es buscado por ser —según la Casa Blanca— líder del cartel de los Soles, una trama de narcoterrorismo que llega hasta la cúpula del chavismo y que la conecta con las fuerzas criminales más poderosas de México y Colombia.
“Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado”, respondió el líder venezolano en una explosiva rueda de prensa celebrada el lunes pasado. Al tiempo, se decía listo para declarar a su país en “lucha armada” si sufría una agresión. Un día después, la Administración de Donald Trump anunció un “ataque letal” contra un barco procedente de Venezuela y supuestamente cargado de drogas. Murieron 11 personas. El Gobierno de Maduro puso en duda la veracidad de la operación en aguas del Caribe y aseguró que es “muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial”. Con todo, se trata del incidente más grave al calor de las tensiones recientes.
