Keir Starmer se enfrenta al comienzo de un curso político mucho más inestable y complicado de lo que hubiera deseado. La dimisión de la vice primera ministra y número dos del Partido Laborista, Angela Rayner, debido a un impago de impuestos que ha salido a la luz estos días, abre una crisis con ramificaciones múltiples, en un momento en el que la popularidad del primer ministro británico está por los suelos entre los votantes de izquierda y la amenaza de la derecha populista es más fuerte que nunca.
Rayner compró este año en la localidad costera de Hove, al sur de Inglaterra, un apartamento por unas 800.000 libras (poco más de 920.000 euros o en torno a un millón de dólares), por el que pagó un impuesto de Actos Jurídicos Documentados (Stamp Duty, se conoce en el Reino Unido) por un valor de 30.000 libras (34.500 euros). Esa es la cantidad debida en el caso de que se trate de una primera residencia. Pero la ley tributaria británica exige una cantidad más elevada si la compra es por una segunda residencia. Aquí es donde se complica todo para Rayner, una política adorada por las bases más a la izquierda del partido y por los sindicatos, donde comenzó su trayectoria pública.
Uno de los hijos que tuvo en su anterior matrimonio nació prematuramente, por una negligencia de la sanidad pública. La indemnización recibida fue consignada en un fideicomiso a nombre del menor, al que cada uno de los miembros del matrimonio cedió además parte de su propiedad del piso que compartían en Manchester. Era el modo de asegurar que el menor, junto a sus hermanos, tuviera garantizado un futuro cómodo en ese hogar.
