La Administración Trump ha autorizado la designación de hasta 600 abogados militares y civiles como jueces temporales de inmigración. Además, ha eliminado los requisitos de experiencia previa en materia de leyes migratorias para quienes ocupen esos cargos por periodos renovables de seis meses. La medida, que duplica la cantidad de magistrados de migración en el país, ha sido justificada como respuesta a la saturación del sistema judicial migratorio.
Según un memorándum del 27 de agosto divulgado por la agencia AP, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio luz verde a la movilización de hasta 600 abogados militares y civiles para que ejerzan como jueces temporales en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). El documento explica que estos serán desplegados en grupos de 150, “tan pronto como sea factible”, con designaciones de hasta 179 días que podrán extenderse en función de las necesidades del Gobierno.
Un portavoz de la Casa Blanca justificó la medida como un esfuerzo “extraordinario” para enfrentar una situación crítica. “Todos, incluyendo quienes esperan adjudicación, pueden coincidir en la urgencia de que el sistema funcione”, dijo al respecto.
Por otra parte, el DOJ anunció el pasado 28 de agosto que haría más flexibles los requisitos para nombrar jueces temporales de inmigración. Hasta ese momento, solo podían ser designados abogados con al menos diez años de experiencia en derecho migratorio, así como también exjueces o jueces administrativos. Sin embargo, luego de la nueva medida, cualquier abogado con licencia podrá ser nombrado durante seis meses, con renovaciones ilimitadas. Sobre este asunto, Washington asegura que la experiencia previa en inmigración “no siempre es un buen predictor del éxito”, y que el nuevo marco normativo ofrece “mayor grado de flexibilidad” para cubrir la demanda judicial.
