Yihad Issa Halawani contempla en silencio su casa reducida a una enorme montaña de escombros. Tal vez por la fuerza de la costumbre o por una necesidad casi cruel de constatar el desastre, este conductor de taxi palestino viene cada día, desde el 29 de julio, al número 17 de la calle Ramadán, en el barrio de Beit Hanina de Jerusalén Este. Fue su hogar durante 25 años, hasta que se vio obligado a echarlo abajo por orden israelí.
“Hemos luchado durante años para poder quedarnos, pero al final estábamos acorralados. O la demolían ellos y teníamos que pagar una enorme multa por el coste que suponía desplazar a las excavadoras hasta aquí, o la demolía yo mismo, pagando mucho menos”, explica este padre de familia de 57 años.
Halawani no es un caso aislado. Organizaciones de derechos humanos alertan de que, mientras la atención mundial se concentra en la franja de Gaza, el número de demoliciones en Cisjordania y Jerusalén Este se ha disparado. Las autoridades israelíes, que ocupan desde 1967 esta parte de la ciudad, anexionada años después, argumentan que se trata de construcciones que no tienen permiso oficial y son, por tanto, ilegales.
En 2024, la ONG Ir Amim, que investiga y denuncia este tipo de abusos en la ciudad, contó un total de 255 estructuras palestinas, desde garajes o terrazas hasta viviendas, derribadas en Jerusalén Este, una cifra récord. De ese total, 181 eran casas y 91 de ellas fueron demolidas por sus propios dueños para evitar las multas, un fenómeno menos conocido que ha aumentado desde 2019 con la aprobación de una nueva ley. “El cambio en las normas impone multas elevadas a las familias que no demuelen sus viviendas, lo que las presiona para que lo hagan”, explica a este diario Aviv Tatarsky, miembro de la ONG.
