España no formó parte de la reacción de los grandes países de la UE, más el Reino Unido y la OTAN, para evitar que Donald Trump impusiera una paz humillante al presidente de Ucrania en la Casa Blanca. Ni siquiera participó en la videoconferencia previa de preparación. El contraste es mayúsculo con la situación hace apenas dos años, cuando el Gobierno español parecía formar parte del núcleo duro de la toma de decisiones colectivas del continente. Más allá de una imagen, la pérdida de protagonismo internacional de España es real y se ha producido de forma gradual por una confluencia de factores.
La desaparición de la escena alrededor de Ucrania está directamente relacionada con la resistencia del Gobierno español a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como exigía de manera absurda y autoritaria Donald Trump. Poco a poco se revela que esa postura, aunque bien razonada, fue interpretada como un desafío y puede tener costes ocultos. España se quedó sola por no firmar un compromiso genérico y sin plazos realistas. Países con las mismas dudas firmaron con la única intención de capear el temporal de Trump a corto plazo, es decir, hacer diplomacia. España decidió señalarse.
Esta posición en la OTAN coincide con un entorno cada vez más hostil en una UE escorada a la derecha. El Gobierno de Pedro Sánchez carece de aliados ideológicos para influir en la toma de decisiones. Se ha dado contra un muro en su intento de que las lenguas cooficiales españolas sean aceptadas en Bruselas, un movimiento con claves de política interna demasiado evidentes. Los servicios jurídicos de la Comisión han criticado la justificación de la ley de amnistía. Su oposición a la opa del BBVA sobre el Sabadell le ha valido una apertura de procedimiento de infracción. No es ajeno a esta pérdida de relevancia la actitud del PP en Bruselas, que confunde la crítica con el boicot y pone el electoralismo por delante de los intereses de España.
