El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto a través del que el Estado fija las directrices y criterios comunes que deben incluirse en los planes autonómicos de prevención de incendios. Esta norma estaba pendiente desde la oleada de incendios de 2022, que hasta este agosto había sido el peor año del siglo en cuanto a incendios. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica aduce que, al tratarse de una competencia compartida con las comunidades autónomas, el proceso de alegaciones ha sido muy complejo y no se ha podido aprobar hasta tres años después.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha confirmado la aprobación de esta norma, ha recalcado que, en cualquier caso, “la elaboración de los planes anuales es competencia exclusiva de las comunidades autónomas”.
2022 fue un año también terrible de incendios, con los dos fuegos en la sierra de la Culebra como los más impactantes de verano. A finales de julio de aquel año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley por el que se adoptaban “medidas urgentes en materia de incendios forestales”. Y se modificó la Ley de Montes para establecer que “las comunidades autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales”. Además, esos documentos “comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la comunidad autónoma correspondiente”.
