El debate público en el Reino Unido sufre una polarización visceral hasta el punto de que una necesidad tan obvia como la de controlar la actividad de los menores online puede derivar en una nueva guerra cultural. Pero los primeros resultados de la implantación de la llamada Ley de Seguridad Online son alentadores. El 25 de julio entró en vigor un protocolo de verificación de edad para evitar que niños o adolescentes accedan a material como la pornografía y contenidos sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimenticios. El efecto ha sido un descenso de visitas próximo al 50% en páginas como Pornhub o XVideos.
Los mayores críticos de este tipo de controles esgrimen el derecho a la privacidad. España es uno de los países europeos pioneros en hacer compatibles estas iniciativas con la privacidad con un certificado digital emitido por el Gobierno, aún en desarrollo. El proyecto ha sido caricaturizado por sus detractores, pero con todos sus problemas es un paso en la buena dirección. El dato de Reino Unido es revelador: si se prohíbe el acceso de menores al porno, el tráfico cae a la mitad. La implicación de las autoridades en la actividad online puede ser más o menos torpe, pero si algo queda probado es que es necesaria.
