Apenas cinco años después de la mayor crisis sanitaria global del siglo XXI, el mundo vuelve a enfrentarse a una disyuntiva problemática: mientras la memoria de la covid-19 sigue fresca y los organismos internacionales trabajan en reformas para que una emergencia similar no vuelva a pillarnos desprevenidos, algunos países —con Estados Unidos al frente— comienzan a desmarcarse del consenso.
A mediados de julio, el gobierno estadounidense comunicó oficialmente su rechazo a las reformas del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 2024. Estas enmiendas, largamente negociadas tras la pandemia, buscaban fortalecer los mecanismos de preparación, respuesta y cooperación entre Estados frente a amenazas sanitarias trasfronterizas. Su contenido incluye la creación de nuevas categorías de emergencia, sistemas más ágiles de notificación y respuesta, y el compromiso de compartir recursos y datos en situaciones críticas.
Para muchos expertos en salud pública y diplomacia sanitaria, este paso atrás constituye un riesgo mayúsculo para la arquitectura de gobernanza global de la salud. Para otros, es una reafirmación de la soberanía nacional en un ámbito especialmente sensible: las decisiones sobre salud, seguridad y derechos fundamentales dentro de las fronteras de cada Estado.
