El 9 de agosto, estuve en Parliament Square y fui testigo del mayor arresto masivo en un solo día en la última década en el Reino Unido. La Policía Metropolitana detuvo a 532 manifestantes pacíficos, una operación que vivirá en la infamia.
La manifestación había sido organizada por Defend Our Juries (Defended Nuestros Jurados), que había llamado a los participantes a sentarse pacíficamente en el césped de Parliament Square entre la una y las dos de la tarde, sosteniendo carteles que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action” (Acción Palestina). Los organizadores esperaban a unas 500 personas; en realidad, acudieron miles.
Esa mañana, había publicado un artículo de opinión en The Independent en el que anunciaba que estaría allí con un cartel con el texto del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.
También cité a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien ha advertido de que la proscripción de Palestine Action por el Gobierno del Reino Unido “parece constituir una restricción inadmisible de esos derechos, en contradicción con la obligación del Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
