El matrimonio homosexual en Estados Unidos, cuyo derecho fue ampliado hace 10 años en todo el país, puede tener los días contados si el Tribunal Supremo da la razón a una funcionaria que en su día se negó por motivos religiosos a expedir la licencia para contraer matrimonio a una pareja gay, y que fue condenada a una considerable multa por ello, además de seis días de cárcel por desacato. El caso de Kim Davis, que en 2015 era secretaria del condado de Rowan (Kentucky), tuvo algunos continuadores, como el pastelero que en 2017 se negó a elaborar la tarta nupcial para el enlace de dos hombres, aduciendo también creencias religiosas, y a quien el Supremo dio la razón un año después, durante el primer mandato del republicano Donald Trump.
Así que la apelación de Davis, que llegará al Supremo en otoño para revertir la sentencia que le impuso el pago de una multa de 100.000 dólares (85.000 euros) por daños emocionales a la pareja, más 260.000 en concepto de honorarios legales, trasciende el caso individual y amenaza con propinar un revés para la comunidad LGTBIQ+ en plena ofensiva ultraconservadora. En un auto presentado el mes pasado para pedir la revisión de decisiones de instancias inferiores —todas contrarias a esta mujer— Davis, que es republicana, argumenta que la protección de la Primera Enmienda para el libre ejercicio de la religión la exime de responsabilidad personal por haber rechazado tramitar el papeleo del matrimonio igualitario. Pero su recurso va mucho más allá.
