Las declaraciones de Santiago Abascal, el líder de Vox, en una entrevista el domingo con el canal de YouTube de extrema derecha Bipartidismo Stream volvían a poner implícitamente en la diana a Cáritas Española, la organización de la Iglesia católica para la acción caritativa y social. El líder del partido ultra cuestionaba si el silencio que él le atribuye a la Iglesia frente a políticas del Gobierno en materia de género e inmigración “se debe a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal”. E iba más allá: “Probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras”. Sin embargo, medio millón de inmigrantes en España, sin papeles y en la clandestinidad, encontraron durante el año pasado una asistencia básica de esa organización que a veces se convierte en el único salvavidas al que aferrarse para salir a flote y cuya financiación, en realidad, proviene en un 70% de fondos privados.
El manto de duda que lanzaba Abascal sobre la organización se sostenía sobre la falsa premisa de que Cáritas, creada en 1947, recibe del Gobierno un volumen considerable de recursos para atender a inmigrantes irregulares. Pero según el balance de fondos de esa confederación al cierre de 2024 (en una gestión que es evaluada de acuerdo a los Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de la Plataforma del Tercer Sector y los Estándares de Gestión de Cáritas Internationalis), de los casi 487 millones de euros con los que contó ese año, apenas el 2,21% provino de la Administración central (10,7 millones). Si se le suman los recursos de las administraciones local, autonómica y europea, el total de fondos de origen público alcanza el 30%.
