Fue en una época muy lejana, era 2014, Susana Díaz presidía la Junta de Andalucía. Cuando su homónimo Ignacio González anunció una rebaja del tramo autonómico del IRPF, consolidando la bajada de impuestos iniciada por Esperanza Aguirre, Díaz respondió denunciando que la Comunidad de Madrid se estaba convirtiendo en un “paraíso fiscal” y que esa dinámica era injusta para el conjunto de los españoles. Tres años después, en los minutos finales de una Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado, el cántabro Miguel Ángel Revilla no quiso desaprovechar la oportunidad e interpeló a Cristina Cifuentes: con Sucesiones en la cabeza, le dijo que ella claro que podía bonificar los impuestos ya que tenía mayores ingresos por ser la capital del Estado. En esa ocasión, la balear Francina Armengol negó la existencia de dumping fiscal, pero en 2021 había cambiado de opinión: “Me parece que es bastante evidente”, afirmó durante un desayuno informativo organizado por Europa Press argumentando en base a los beneficios de la capitalidad. Por entones, Revilla lo seguía pensando. Tras reunirse con María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, lo denunció de nuevo con una expresión campechana: el Gobierno de Madrid podía seguir bajando más impuestos porque “aquí está todo, es un poco como Bruselas, que son todos funcionarios”.