Las acusaciones de Salvador Illa a la Comunidad de Madrid por hacer dumping fiscal son una maniobra de distracción y una falsedad. En primer lugar, pretenden desviar la atención de lo que supondría el cupo catalán —la extensión del modelo de las comunidades forales— y sus consecuencias, que según explican Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre incluirían un perjuicio general, aumento del fraude y efectos mucho menos positivos de los anunciados en Cataluña. Señalar el chivo expiatorio madrileño pretende distraer a los socialistas de las implicaciones antirredistributivas de la propuesta y a los independentistas de la incapacidad de llevarla a cabo.
En segundo lugar, son una falsedad porque Cataluña recibe 720 euros más al año por habitante que la Comunidad de Madrid. Su problema es de gasto y no de ingresos. Las rebajas fiscales en Madrid no afectan a la solidaridad. En palabras del experto Ángel de la Fuente, el cálculo de lo que aporta cada región “se hace en base a su capacidad recaudatoria asumiendo que tuviera los mismos impuestos que en la escala general del Estado, sin tener en cuenta su margen de maniobra para modificarlos al alza o a la baja”. Las rebajas afectan a la calidad de los servicios públicos de los que disfrutan los madrileños y forman parte del margen legal de autonomía fiscal. Más que refunfuñar por los resultados de otra región —cuyo modelo presenta contradicciones y problemas—, convendría analizar por qué Cataluña se ha estancado en las últimas décadas, particularmente desde 2000 y luego 2012, en una época de descentralización.
