Cuando en un futuro relativamente próximo se explique el final de la democracia de los Estados Unidos, lo más probable es que se empiece con el asalto al Capitolio aquel nefando 6 de enero del 2021. No solo por lo abominable del hecho en sí, sino porque su máximo responsable quedó sin castigo. En el impeachment al que fue sujeto Trump con posterioridad, su instigador fue eximido de responsabilidad por los senadores del partido republicano (se exigen dos tercios de los votos de esa Cámara). De haber triunfado la moción, el actual presidente habría quedado incapacitado para ocupar el cargo que actualmente ostenta. El temor a las represalias del sector popular trumpista pudo, pues, sobre el coraje cívico y la lealtad a las instituciones.
Lo que ha venido después, una vez instalado Trump en la Casa Blanca, es de sobra conocido. Quedémonos en los dos ejemplos más recientes de esta dinámica de erosión de la democracia. El primero es el cese fulminante de la responsable de las estadísticas laborales por limitarse a reflejar un hecho, el debilitamiento del empleo. Con ello se transmite un mensaje claro, quienquiera que ponga en duda los progresos del Gobierno se arriesga a ser despedido. Y la consecuencia más general no es menos meridiana: ¿quién va a fiarse a partir de ahora de los datos aportados por agencias públicas sobre el funcionamiento de cualquier otro sector de actividad; o de un gobierno integrado no por personas capaces sino por su lealtad al líder?
