La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador a la empresa Inserta, después de que la Inspección General de Servicios Sociales acreditara el pasado 19 de febrero que en los pisos de jóvenes extutelados que gestionaba en Málaga y Granada no había alimentos ni enseres básicos y que la entidad incumplía la ratio de personal y otras mejoras a las que le obligaba su contrato. Ese expediente sigue abierto, indican fuentes de la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, pero no ha impedido que ese departamento prorrogue por un año ese contrato cuyas condiciones presuntamente ha quebrantado.
El pasado 22 de julio la Consejería publicaba el anuncio de la prórroga por la tramitación de urgencia del contrato para la gestión de 300 plazas de jóvenes inmigrantes que hayan estado bajo medidas del sistema de protección menores de la junta de Andalucía o jóvenes inmigrantes en situación de gran vulnerabilidad, bajo el régimen de concierto social. Se trata de un contrato adjudicado en 2023 y distribuido en ocho lotes, uno por cada provincia, de los que Inserta obtuvo la gestión de los correspondientes a Málaga y Granada, para la atención de un total de 90 jóvenes extutelados (42 en Málaga y 48 en Granada) que un global de 2,6 millones con IVA (1,21 millones para Málaga y 1,38 para Granada).
