El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión de la primera tanda de ayudas para el Bono Alquiler Joven por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno se ha convertido de facto en una fiscalización de las políticas de vivienda de la Junta. Así queda de manifiesto en el análisis publicado este viernes en el que se concluye que “la planificación en materia de vivienda carece de diagnósticos y estadísticas oficiales sobre el contexto o realidad del alquiler y la población potencialmente objetivo de las ayudas”.
La Cámara de Cuentas pone el foco en el Plan Vive Andalucía 2020-2030, que concreta las políticas de vivienda y rehabilitación en la comunidad, y advierte de que su comisión de seguimiento se constituyó con más de dos años de retraso -cuando las reuniones deben tener una prioridad bianual-, no se han publicado los balances de ejecución de los años 2022 y 2023, tampoco se han revisado los objetivos del plan tras la aprobación del Bono Alquiler Joven, ni se ha desarrollado el Sistema de Información de la Vivienda de Andalucía, el instrumento del Gobierno autónomo para la planificación, priorización y evaluación de las acciones públicas destinadas a mejorar el parque residencial de Andalucía.
