En el centro de coordinación de los Mossos d’Esquadra —una sala con todos los altos mandos del cuerpo implicados en la seguridad de la investidura de Salvador Illa y el anunciado regreso de Carles Puigdemont— la huida del expresidente de la Generalitat se vivió entre gritos, estupefacción y parálisis. Con una orden de detención en vigor dictada por el Tribunal Supremo, y casi siete años de jugar al gato y el ratón, el expresidente catalán se esfumó en los morros de la policía catalana en Barcelona, el 8 de agosto de 2024. De nada sirvieron ya las operaciones jaulas [cerrar el tráfico], y las carreras por detenerlo. Un año después de aquella fuga televisada en directo, las heridas siguen abiertas, marcadas por el proceso judicial contra los tres mossos que ayudaron al expresidente a huir.
“Es fácil opinar viendo el desenlace”, se quejan fuentes de los Mossos sobre la operación fallida para detener a Puigdemont, que había avisado e insistido en que regresaría a Cataluña, que supuestamente no había vuelto a pisar desde que escapó en 2017 a Bélgica escondido en un coche con la ayuda de escoltas de mossos. El problema, tal y como contó el propio exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, al juez el pasado 30 de junio, es que nunca existió un dispositivo propiamente para detener al expresidente. Su despliegue se centró en garantizar la seguridad del pleno de investidura de Illa, y actuaron con el convencimiento de que Puigdemont cumpliría con su palabra e intentaría entrar al Parlament. O ese mismo día o el día antes tras lograr ayuda interna para esconderse en la Cámara, y aparecer de manera sorpresiva.
