Los efectos administrativos de la caída de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en 2011 siguen coleando a día de hoy. La Audiencia Nacional ha dictado varias sentencias que anulan las sanciones que el Banco de España impuso a consejeros de la caja alicantina, entre los que se encuentran los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, condenados por distintas causas judiciales abiertas a raíz de la quiebra de la entidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que las multas se impusieron fuera de plazo porque el supervisor bancario se retrasó más de lo previsto en reabrir el expediente sancionador suspendido mientras se resolvían dichos procesos penales.
En tres sentencias, consultadas por este periódico y que pueden ser recurridas ante el Tribunal Supremo, los magistrados estiman los recursos de los exdirectivos y señalan que “no existe razón” alguna para pensar que el Banco de España no conocía el estado de las actuaciones judiciales, mas aún cuando el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) se encontraba personado en las mismas como posible perjudicado. Este organismo que cubre las pérdidas de las entidades financieras en caso de insolvencia está presidido por el subgobernador del supervisor bancario y la vicepresidencia la ostenta el secretario General del Tesoro.
